Investor-State Dispute Settlement. Mecanismo para resolver las disputas entre inversor y estados
La vocación desregulatoria del TTIP coloca a la misma altura el derecho al beneficio por parte de las empresas que el de los estados para dotarse de las políticas que consideren necesarias.
Esto entraña una pérdida de legitimidad democrática importante que se hace especialmente evidente cuando se intenta definir los mecanismos que habrán de dirimir los previsibles conflictos.
Es aquí donde aparece el ISDS (Investor-State Dispute Settlement). El Mecanismo para resolver las disputas entre inversor y estados equipara la condición jurídica del Estado a la del capital transnacional, y cuestiona las decisiones soberanas tomadas por la ciudadanía para convertirlas en objeto de indemnizaciones.
La posibilidad por parte de las empresas de evitar los tribunales nacionales para presentar sus demandas ante tribunales de arbitraje internacional, supone una transgresión en toda regla del estado de derecho tal y como lo conocemos, e introduce una lógica que resulta especialmente perversa.
El TTIP pretende poner en pie de igualdad a las grandes empresas con los estados y amenaza por tanto la legitimidad democrática en su esencia. El poder de las corporaciones para demandar a los países por pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones de política pública se articularía entorno al Investor-State Dispute Settlement (ISDS), un dispositivo para la resolución de disputas entre inversores y Estados que equipara la condición jurídica del capital transnacional a la del Estado-nación y permite cuestionar decisiones democráticas tomadas por Estados soberanos y pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a sus beneficios.
Los inversores pueden evitar los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante tribunales de arbitraje internacional. Así se ha dado ya el caso de que compañías nacionales se presenten como internacionales para poder utilizar el ISDS para demandar a su propio gobierno.
Algunos ejemplos de abusos corporativos utilizando órganos similares al ISDS son:
- La sueca Vattenfall reclama 3.700 millones € al gobierno alemán por querer abandonar la producción de energía nuclear a raíz de Fukushima.
- Canadá tuvo que pagar 122 millones de dólares a la compañía papelera AbitibiBowater que utilizó el NAFTA para demandar a su propio gobierno desde su sucursal en EEUU.
- Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones como indemnización por obligar a vender cigarrillos en paquetes sin publicidad y ha demandado también a Uruguay.
- El gobierno argentino tuvo que pagar 500 millones de dólares para satisfacer las demandas de cinco compañías que adujeron pérdidas al desvincularse el peso argentino del dólar estadounidense.
- Ecuador tuvo que pagar a la compañía Occidental Petroleum 1.770 millones de dólares por haber rescindido el contrato con el gigante petrolífero al violar este las leyes del país. La demanda de Ecuador a Chevron por valor de 19.000 millones por haber contaminado la selva no salió adelante.